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Se le terminara la suerte al “Gober Precioso” chequen esto yo la verdad no creo. 

Luego de que este lunes, la ponencia del ministro Juan Silva Meza concluyera que sí existieron violaciones graves a las garantías individuales de Lydia Cacho, además de complicidades entre autoridades de todos los niveles del estado de Puebla con sus similares de Quintana Roo, la propia periodista en entrevista con Carmen Aristegui dijo que “hasta no ver no creer”.

Explicó que le ha sucedido que cada vez que sucede algo bueno en su caso, al día siguiente pasan dos o tres cosas malas, “he aprendido a no esperar gran cosa, hoy necesitamos cuatro votos más, en total seis votos de los ministros y de ahí dependerá de las cámaras las acciones”. La PGR prometió que si al Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinaba que sí había colusión se detendrían a los implicados, pero habrá que esperar, agregó la periodista. Para la también escritora, “la lección está ahí y es bueno que finalmente se abran estas discusiones para temas como Oaxaca o Atenco, es importante como proceso social, sin embargo en el aspecto individual hasta no ver no creer”. Hoy los ministros de la SCJN fijarán su postura sobre el caso de la periodista con lo que continuará la discusión en torno a la presunta complicidad del gobernador del estado de Puebla, Mario Marín. El dictamen de Juan Silva Meza señala como responsables de las violaciones a los derechos de Cacho al gobernador Mario Marín, al ex secretario de Gobernación de la entidad, Javier López Zavala, a su ex Secretario particular, Carlos Escobar Moreno, así como al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla, Guillermo Pacheco, así como a los magistrados y otros servidores de esa instancia; dando un total de 26 personajes entre funcionarios e impartidores de justicia.Ante la comisión de la SCJN rindieron su testimonio 117 ponencia. funcionarios de distintos niveles en las que existieron numerosas contradicciones. Mario Marín sólo declaro por escrito. En el curso de la investigación se ha demostrado que las actuaciones de servidores públicos respondieron al propósito de encubrir, ocultar, desviar y obstaculizar la labor de investigación que la SCJN emprendió en este caso, apuntó la